A juicio del sector social de la discapacidad, la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico del citado tratado internacional supondría sin duda una mejora del grado de protección legal de las personas extrajeras que operan en España y de las españolas que operan en países partes de este Convenio, y que cuentan algún tipo de apoyo judicial para la toma válida de decisiones en el tráfico jurídico, tanto en la esfera personal como patrimonial.

 

En este sentido, se han manifestado no solo el CERMI sino expertos reputados españoles, que coinciden en la apreciación de los efectos positivos que la firma y ratificación de ese Convenio traería para su universo de personas destinatarias.

 

No hay objeción fundada a su firma y ratificación, incluso desde la perspectiva estricta de la discapacidad, no existe mayor dificultad para hacerlo compatible con la “transposición" que se haga en su momento de la Convención Internacional sobre los  Derechos de las Personas con Discapacidad (artículo 12, igual capacidad jurídica), evitando cualquier eventual contradicción.